El pleno del Congreso dio este martes luz verde para abordar la ley impulsada por EH Bildu que impone la prohibición a las grandes plataformas digitales, como AirbnbBooking.com, Expedia o Vrbo, exponen o formalizan reservas ilegales de alojamiento turístico. La norma prevé la imposición de sanciones económicas de hasta un millón de euros a las empresas que incumplan esta obligación.
La iniciativa fue aprobada en el pleno con 176 votos a favor -procedentes de PSOE, Somar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Alianza Canaria-, frente a los 169 votos en contra del Partido Popular y Vox.
El proyecto responsabiliza jurídicamente a las plataformas y empresas que operan en el sector de impedir la proliferación de viviendas turísticas sin licencia, y les transfiere la función de seguimiento y supervisión en este ámbito.
“Pretendemos que ese espacio de impunidad en el que se han convertido las grandes plataformas desaparezca”, afirmó el diputado de Beldo. Oscar MattotiTras explicar que si bien el gobierno logró que estas plataformas eliminen miles de anuncios, puede volver a colocarlos, destacando que con este proyecto “no será necesario solicitar la eliminación de anuncios porque no podrán publicarlos”.
La iniciativa BILDO fija multas de 500.001 y 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves, de 50.001 a 500.000 euros para las infracciones graves y de 10.000 a 50.000 euros para las infracciones leves.
El borrador propone imponer sanciones que oscilan entre 10.000 y 1 millón de euros. Fuente: Adobe Stock.
Entre las infracciones muy graves se encuentra “permitir alquilar” una vivienda para uso turístico sin licencia o número de registro y permiso residencial y sanitario, entre otras. Es una infracción grave permitir la publicación de estas viviendas, y una infracción menor es permitir la publicación de un apartamento turístico sin incluir una descripción de la residencia o su ubicación.
Durante el debate, el socialista Gabriel Blanco destacó que existe “un gran consenso social” al respecto. La necesidad de acabar con los apartamentos turísticos ilegales Dijo que esta propuesta estaba “en línea” con algunas medidas ya implementadas por el gobierno, como el registro unificado de contratos de arrendamiento y la ventanilla única digital para contratos de arrendamiento.
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Algunos grupos que han apoyado tener esto en cuenta han manifestado su intención de mejorar el texto durante su tratamiento parlamentario, ya sea por motivos competitivos, como Junts, PNV y Coalición Canaria, o porque consideran que «Debería abrir la puerta a una regulación más ambiciosa«, como Sommer, que pide prohibir los apartamentos turísticos y los alquileres de temporada en zonas bajo tensión.
Su adjunto, Carlos Martín, confirmó que el Ministerio de Consumo ha logrado eliminar hasta el momento 65.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales de Airbnb y 4.000 de Booking y que ha identificado 15.200 apartamentos turísticos en Madrid que estaban funcionando sin licencia.
La representante del PNV, Edoya Sagastizabal, avanzó durante el proceso que presentaría modificaciones no sólo relacionadas con el ámbito competencial, sino también para corregir, a su juicio, el «régimen de sanciones desproporcionado» contenido en el texto.
El Partido Popular votó en contra, argumentando que Bildou tiene «la misma autoridad moral para hablar de vivienda que para hablar de derechos humanos», mientras que Fox afirmó que se trataba de «un nuevo hecho de Bildou» y «una ley contra la libertad, la propiedad y los pisos».