La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, amplía hasta el 31 de octubre de 2024 el periodo de adaptación para el cumplimiento del Real Decreto 933/2021, que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, según ha confirmado la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
El anuncio se ha producido después de que el sector mantuviera diversas reuniones con la Administración, enviara varios escritos y realizara múltiples comentarios sobre el nuevo reglamento, según dicha patronal de agencias de viajes.
Esta agrupación “valora positivamente el aplazamiento del periodo de adaptación, entendiendo que permite ganar tiempo para conseguir avanzar en las negociaciones que conlleven un replanteamiento de esta cuestión, que tanta importancia tiene para las agencias”.
No obstante, mantiene su solicitud para que se excluya a las agencias de viajes del ámbito de aplicación de esta normativa. Además, anuncia que tiene intención estudiar con sus asesores jurídicos si existen posibilidades de impugnación de la norma.
La organización presidida por Carlos Garrido recuerda que la Ley Orgánica 4/2015, de la cual emana el citado decreto, se refiere solo a las empresas de hospedaje y de transporte, por lo que considera “totalmente desproporcionado que el Gobierno español haya realizado una definición extensiva de estos sectores, incluyendo a las agencias de viajes”, según afirma en un comunicado.
CEAV critica la fuerte carga de trabajo que las nuevas obligaciones suponen para las agencias de viajes. Fuente: Shutterstock.
Destaca que las minoristas no prestan ni el servicio de hospedaje ni el de alquiler de vehículos, y critica que la carga de trabajo y la inversión tecnológica que les impone la nueva norma “es totalmente desproporcionada”.
“La carga de trabajo introducida para las agencias de viajes establece un condicionamiento económico encubierto que sería muy difícil de asumir por parte de muchas pymes y autónomos”, añade el comunicado
Señala que el Real Decreto vulnera la normativa vigente de protección de datos, con lo que «su entrada en vigor podría suponer un tratamiento masivo e ilícito de datos personales, según se desprende del informe de la Comisión Europea”.
Por otro lado, resalta que la norma se ha demostrado de imposible cumplimiento en ámbitos de actuación tales como los viajes corporativos, el receptivo, el MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) y la turoperación, entre otros.
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