El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso una multa de 64.055.311 euros a la plataforma de alquiler turístico. Airbnb Para publicar anuncios de residencia sin licencia. La decisión firmada por la administración que preside Pablo Postenduy se considera firme y pone fin al procedimiento administrativo tras resolver el recurso interpuesto por la empresa. Se detectaron incumplimientos de la normativa de consumo que afectaron a un total de 65.122 anuncios.
La resolución incluye Dos sanciones adjuntas Lo que obliga a la plataforma a eliminar contenidos considerados ilegales y anunciar la sanción impuesta. Según el Ministerio, las infracciones descubiertas afectaron a un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma.
La principal infracción corresponde a “Prácticas comerciales desleales» hacia los consumidores y usuarios, catalogada como peligrosa. Entre los supuestos de incumplimiento señalados se encuentra la publicación de alojamientos turísticos sin número de licencia, “lo que es contrario a las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen que en los anuncios se indique el número de registro”.
Por el contrario, publicar anuncios con números de registro que no se ajusten a los formatos oficiales o publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los servidores, “practicando así la práctica de publicidad engañosa”.
Las infracciones detectadas afectan a más de 65.000 anuncios. Fuente: Adobe Stock.
Por estos hechos, La depreciación impuso una sanción de 64.055.311 eurosEsto equivale a “seis veces el beneficio ilegal obtenido por Airbnb” durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras la advertencia del ministerio y hasta que fueron retirados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había confirmado previamente la orden de retirada de estos anuncios con diversos autos.
La decisión incluye otros asuntos. Tres sanciones adicionales. Dos de ellas tienen la consideración de infracciones leves, sancionando la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en los contratos celebrados a distancia y la falta de colaboración con las solicitudes de información presentadas por el Ministerio durante la instrucción del expediente, y ambas son consideradas infracciones leves. Multas de 10.000 euros.
En cuanto a la cuarta sanción, calificada como grave, responde al “incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestas por órdenes o medidas temporales dictadas por el órgano instructor para evitar producir o continuar riesgos o perjuicios a los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente”, y asciende a 55.000€.
Paralelamente, el Ministerio mantiene abiertos otros expedientes sancionadores en el ámbito de la vivienda contra agencias inmobiliarias por prácticas potencialmente abusivas en la gestión del alquiler. Estas medidas se enmarcan en la estrategia del Ministerio para afrontar la crisis de acceso a la vivienda en España, que el propio Ministro ha calificado como uno de los principales problemas del país.