El gobierno peruano y las autoridades de la región sur de Kosco acordaron implementar medidas para garantizar la continuidad de las actividades de transporte y turismo en el parque arqueológico en Macho Piccho, que se vio afectado en los últimos días a través del bloqueo y las protestas que dejaron 17 lesiones y cientos de formas que se separaron. Después de los incidentes recientes, los sindicatos turísticos en la región advierten que el conflicto que actualmente afecta la capacidad de operar el destino «es el último síntoma de la falta de una autoridad especializada para la administración de Machu Piccho, debido al movimiento de fuerzas y empleos entre varias instituciones y niveles estatales».
Los acuerdos se tomaron después de una reunión entre el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Deslo Lyon, y el gobernante regional de Cosco, Werner Salsido; El alcalde de Europea, Ronald Vera; El alcalde de Mattern Piccho Boiplo, las autoridades y otros funcionarios.
Durante la cita, los alcaldes prometieron «cooperación» al implementar el plan de emergencia para permitir la entrada de autobuses, así como los aspectos logísticos de la sostenibilidad y la seguridad de ese servicio.
Lyon explicó que las autoridades locales convocarán a las compañías de transporte en la región para celebrar una reunión que se celebrará el viernes, con un objetivo, en cinco días, para implementar los autobuses relevantes y los lados logísticos.
Además, el municipio de Urubamba prometió informar el cronograma de ofertas públicas para otorgar una nueva concesión para el servicio de transporte turístico que conduce a la entrada al sitio arqueológico de Machu Picchu.
El ministro también indicó que, a pedido del gobernante regional, se acordó que los problemas relacionados con la administración Macho Piccho y el área del Valle del Holy en Inca se analizarán en otra área multi -sectaria.
Después de estos acuerdos, Leon anunció que las autoridades locales «prometieron coordinación con sus residentes para contactar a la calma, de modo que no hay protestas, siempre que este diálogo sea entre las empresas».
Dijo que el objetivo de esto es garantizar que los visitantes de Machu Piccho no se vean afectados y proteger el Patrimonio Nacional, que los agentes de la Policía Nacional han sido enviados a 160 para dar seguridad en la región.
El ministerio también ha confirmado que 679 turistas todavía están en la ciudad que ya han sido transportados y que las autoridades han logrado evacuar a 1.400 turistas en los últimos días.
Las protestas dejaron al menos 17 lesiones y unos 1500 turistas afectados por el asedio del ferrocarril, ya que los trenes que llegan a los viajes de Machu Picchu llegan, según fuentes oficiales.

Machu pico, vacío, esta semana. Fuente: Juan Stoyelle
Conexión de asociaciones turísticas
Antes de los incidentes recientes, las sociedades turísticas en la región indican que el conflicto social que actualmente afecta la operación del destino Machu Picchu «se debe principalmente a la falta de disposición en la licitación y la transferencia para operar los autobuses turísticos».
Además, «debido a las protestas y la reducción en el camino, el lanzamiento de piedras desde las laderas de las colinas (…) Esta situación ha causado un peligro inminente para la seguridad de los turistas, residentes y empleados que trabajan en la prestación de servicios».
Las asociaciones del sector condenan que «este conflicto es el último síntoma de la falta de una autoridad especializada en la administración de Machu Piccho, dada la transferencia de competencias y empleos entre varias instituciones y bienes raíces estatales».
Por lo tanto, los sindicatos del sector turístico sugieren que el gobierno peruano, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, asumirá un «papel de liderazgo directo» en la implementación de muchas medidas.
Los empleadores en el sector recuerdan que «Machu Picchu representa la imagen del Perú en el mundo y pone su influencia hasta el 40 % del turismo tribal en el país, especialmente golpeando a COSCO, ya que el turismo representa más del 20 % del producto interno bruto regional».